Debe primar el rigor técnico, la fiabilidad y la objetividad en la acreditación de competencias profesionales para que se le reconozcan las competencias, pudea obtener títulos y que pueda convalidar materias y hacer estudios de mayor nivel. La secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Campoy, lamentaba que el 60 por ciento de la población activa no cuenta con una acreditación reconocida de la cualificación profesional, una situación «muy grave» que necesita ser cambiada.
La formación organizó un curso precisamente para que los trabajadores tengan las referencias para acudir a esa acreditación de competencias, y mejorar sus posibilidades de cara al mercado laboral, también en las administraciones públicas.
Una base que ya está en marcha y una negociación que cuenta con ampliar el espectro a otros colectivos, hasta «2.000 unidadesd e competencia que baraja el Ministerio, según informó el secretario nacional de Formación de UGT, Secstián Pacheco.
Una decisión que no ayuda
La intención de seguir mejorando las posibilidades de promoción de los empleados públicos recibió el martes un duro golpe con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que estima legal el recorte que realizó el Gobierno al salario de los empleados públicos, en mayo de 2010.
Este hecho llevará a la organización sindical a interponer un recurso en el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, por considerar que la decisión, como ya dictara el Supremo, vulnera la legalidad al omitir el rango que otorga lo convenido en negociación con los trabajadores.
Sobre el expediente de regulación de empleo que el sindicato CCOO presentó para su Fundación de Empleo, y a preguntas de la prensa, Carmen Campoy manifestó que en el caso de UGT, existen partes que se tenían que haber pagado y que no han llegado para programas formativos, pero descartan de momento la posibilidad de tomar decisiones de ese calibre en la organización.
(Fuente La Tribuna de Toledo)
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