Tras publicarse en el BOE el reglamento de procedimiento de despidos colectivos, ahora posibles entre empleados públicos.
La Secretaria General de la Federación de Servicios Públicos de UGT C-LM, Carmen Campoy, alerta de que el Gobierno de España ha dado luz verde a los despidos colectivos entre el personal laboral de las Administraciones Públicas, casi 7.000 en la región, tras publicar este martes en el BOE el reglamento, lo que “fomenta la destrucción masiva de empleo público y el desmantelamiento de los servicios públicos”.
El BOE del 30 de Octubre publica el RD 1483/2012 por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de los despidos colectivos, que recoge la posibilidad de realizar ERE´S entre el personal laboral de las Administraciones Públicas.
El reglamento afecta al colectivo de personal laboral, tanto fijo como temporal. En total en España, unos 700.000 empleados públicos, de ellos casi 7.000 en Castilla-La Mancha, y a los trabajadores de las empresas con más del 50% de capital público, otro grupo de unos 140.000 empleados en toda España.
El BOE del 30 de Octubre publica el RD 1483/2012 por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de los despidos colectivos, que recoge la posibilidad de realizar ERE´S entre el personal laboral de las Administraciones Públicas.
El reglamento afecta al colectivo de personal laboral, tanto fijo como temporal. En total en España, unos 700.000 empleados públicos, de ellos casi 7.000 en Castilla-La Mancha, y a los trabajadores de las empresas con más del 50% de capital público, otro grupo de unos 140.000 empleados en toda España.
“El texto endurece las condiciones del anterior borrador, ya que, mientras aquel hablaba de un 10% de reducción en el presupuesto, el publicado otorga a las Administraciones Públicas la posibilidad de realizar despidos cuando su presupuesto se vea reducido en un 5% respecto al año anterior o en un 7% en los dos ejercicios anteriores”, señala la Secretaria General de FSP UGT CLM.
Carmen Campoy lamenta que, “siendo Castilla-La Mancha una de las comunidades autónomas donde más vejaciones han sufrido los empleados públicos, donde más despidos se han producido de personal interino y donde la calidad de los servicios públicos sólo se mantiene gracias al esfuerzo de los trabajadores, la aplicación de este reglamento supone, mucho me temo, el final de los servicios públicos de la región”.
“Lo maquiavélico del asunto y lo más grave radica en la potestad de la que dispone cualquier Administración para reducir su propio presupuesto y, así, fomentar el despido colectivo”, recalca Carmen Campoy, que añade que “una vez declarado, su aprobación resulta inmediata, caso contrario que en la empresa privada, a la que se le permite cierto margen para atenuar, mediante la negociación, las consecuencias del despido”.
